ley de transparencia
¿Para qué sirve la Ley de Transparencia?
Publicado el Martes, 11 de Octubre de 2011 por Fundación Pro Bono.
Fuente: Estrategia, Estrategia Legal, 11 de octubre de 2011, pág. 24.
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Organizaciones de sociedad civil se reúnen con Grupo Parlamentario Pro Transparencia
Publicado el Lunes, 6 de Junio de 2011 por Fundación Pro Bono.
La denominada Iniciativa por la Transparencia Parlamentaria —una red integrada por Fundación Pro-Acceso, Fundación Ciudadano Inteligente, Chile Transparente, Fundación Pro Bono y Corporación Participa— se reunió, este lunes 30 de mayo, con el Grupo Interparlamentario Pro Transparencia.
La Iniciativa por la Transparencia Parlamentaria ha cumplido un importante rol de incidencia al hacer propuestas que apunten a modificar la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, por ejemplo, con relación al acceso de público a sesiones de comisiones y a sus materiales de registro.
El Grupo Interparlamentario Pro Transparencia, que se constituyó el 10 de marzo de 2011, está integrado por el senador Hernán Larraín, quien lo preside, el diputado Jorge Burgos, su Vicepresidente, y el senador Eugenio Tuma y el diputado Cristián Monckeberg, en calidad de directores. El resto de sus integrantes son: los senadores Soledad Alvear, Isabel Allende, Víctor Pérez y Lily Pérez.; y los diputados Edmundo Eluchans, Felipe Harboe, Marcelo Días, Alberto Cardemil y Andrea Molina.
Este grupo se ha propuesto fortalecer y profundizar la transparencia en Chile. Este es el contexto de la reunión de este grupo con la Iniciativa por la Transparencia Parlamentaria. En dicha reunión se acordó realizar un trabajo conjunto en la línea de estudiar perfeccionamientos a la Ley Nº 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado y a la Ley Nº 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública.
María Inés De Ferari señaló a nuestro medio que “esta interacción entre el mundo de la sociedad civil y el político resulta del todo valorable. Ojalá que, efectivamente, se concreta en iniciativas que apuntes a mejorar la transparencia en Chile”.
Fuente: Corporación Participa
Crédito imágenes: Chile Transparente
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Aún persisten las barreras y obstáculos al acceso de la información pública
Publicado el Miércoles, 6 de Abril de 2011 por Fundación Pro Bono.
En 2010 los organismos públicos recibieron 35.411 solicitudes de acceso a información pública, según los establece el sitio Web del gobierno de Chile. Una cifra abultada, en principio, pero que esconde las serias dificultades que aún encuentran los ciudadanos para acceder a ella.
Prueba de esto es el estudio realizado por un grupo de organizaciones de la sociedad civil (Ciudadano Inteligente, Pro Acceso, Participa, Pro Bono, Ciudad Viva y la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales), en el que se demuestra que a dos años de entrar en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública, aún se producen tres grandes problemas que entorpecen el ejercicio de este derecho.
Un fuerte desconocimiento de la ley tanto por parte de los funcionarios públicos como de la ciudadanía, surge como la principal barrera establecida en el estudio. Errores como que un funcionario le pida al solicitante que transfiera la petición a otro departamento, cuando él es quien debe hacerlo; o el incumplimiento de los plazos de respuesta –los organismos tienen 20 días hábiles para hacerlo–, son un ejemplo de ello –en el último caso, el requirente tiene 15 días hábiles para presentar el caso frente al Consejo de Transparencia.
Problemas tecnológicos y abusos a la excepción de la ley
Uno de los tipos de barreras más frecuentes son las tecnológicas, ejemplos: sitios Web de algunos organismos públicos que presentan graves fallas para acceder a la información, problemas con los formularios virtuales para hacer solicitudes en línea. Links “rotos”,
contraseñas que nunca llegan al mail del requirente, petición de datos personales que no son obligatorios por ley, el no procesamiento de los datos ingresados por parte del sitio, son algunas de las fallas más comunes entre los obstáculos tecnológicos.
En julio de 2010, Ciudad Viva realizó una solicitud vía Web a la Municipalidad de Ñuñoa, consultando sobre la cantidad de patentes de alcohol que les fueron solicitadas durante los últimos 12 meses. El formulario debió ser enviado dos veces por problemas existentes en la plataforma de la página de la Municipalidad. La respuesta llegó el 25 de agosto –fuera del plazo establecido–, con información que no correspondía a la solicitud.
El tercer tipo de barrera radica en las excepciones de la ley de transparencia y acceso a la información pública, que excusan a los organismos de entregar datos cuando afectan el debido cumplimiento de sus funciones. El estudio del grupo de organizaciones da cuenta que muchas instituciones abusan de estas excepciones, denegando información bajo argumentaciones y justificaciones débiles o inexistentes.
El estudio “Obstáculos a la información pública: una revisión de casos ciudadanos”, se enmarca dentro del programa de “Promoción de actores ciudadanos como demandantes de Información Pública en Chile”. El objetivo de éste es que la ciudadanía se apropie del derecho de acceder a información pública y que los servicios públicos mejoren sus prácticas e internalicen sus obligaciones y los derechos de los ciudadanos.
La investigación cualitativa incluyó el análisis de 19 casos de solicitudes de información, además de los ya nombrados, a instituciones como el Ejército, la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y Conicyt, entre otros.
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Abogados Pro Bono dictan charla sobre Ley de Acceso a la Información Pública
Publicado el Miércoles, 3 de Noviembre de 2010 por Fundación Pro Bono.
Los abogados de Fundación Pro Bono Daniela Hirsch y Nicolás Allamand realizaron una charla explicativa sobre la Ley de Acceso a la Información Pública a 40 alumnos de la carrera de Técnico Jurídico del centro de formación técnica ICEL.
Esta capacitación se da el marco del Programa de Acceso de Información Pública desarrollado por Fundación Pro Bono gracias al aporte de la Open Society Institute (OSI) , en coordinación con el Consejo para la Transparencia y los estudios jurídicos miembros de la Fundación . Esto, con el objetivo de capacitar a las organizaciones sociales en el uso de la Ley de Acceso a la Información Pública y apoyarlas con abogados pro bono que las asesorarán en las solicitudes de información y el seguimiento de éstas.
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Fundaciones buscan autorregular su transparencia
Publicado el Martes, 14 de Septiembre de 2010 por Fundación Pro Bono.
Fuente: La Segunda, Top Secret; 13 de septiembre.
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Fundación Pro Bono continuará la orientación legal a los pacientes contagiados con Hepatitis C
Publicado el Viernes, 23 de Abril de 2010 por Fundación Pro Bono.
Los abogados de Fundación Pro Bono, institución que en noviembre pasado solicitó por medio de la Ley de Transparencia al Ministerio de Salud que informara sobre la situación de notificación de los portadores de hepatitis C, continuará la asesoría legal gratuita a los portadores de Hepatitis C que requieran orientación jurídica.
En noviembre de 2009, el abogado del Estudio Cariola Diez & Pérez Cotapos de Fundación Pro Bono, Gonzalo Jiménez — en representación del portador de hepatitis C Eduardo Catalán— solicitó al Ministerio de Salud que informara sobre la situación de los portadores de Hepatitis C. Esto, luego que el 14 de abril de 2009, el Minsal se comprometiera a localizar, diagnosticar y tratar a 1.400 posibles portadores con VHC que acudieron a un Banco de Sangre del sector público entre 2006 y 2008.
Tras la solicitud, el ministerio informó que sólo 353 de los 1.400 pacientes que la autoridad se propuso notificar, han sido incorporados al programa de control de la enfermedad hasta septiembre de 2009.
En este contexto, Fundación Pro Bono dará orientación jurídica gratuita a los portadores de hepatitis C para que sepan qué hacer, a dónde acudir y en definitiva la conveniencia de iniciar acciones legales.
“Creemos que es fundamental que la comunidad esté informada de sus derechos. Por lo mismo, invitamos a los afectados que se acerquen a nosotros para recibir la asesoría legal necesaria, de forma absolutamente gratuita”, comenta Marcela Fajardo, directora ejecutiva de Fundación Pro Bono.
La abogada, agrega que en los próximos días la institución, a través de la Ley de Transparencia, solicitará al Ministerio nuevamente que informe el número de contagiados que han sido notificados, como también insistir en la necesidad de ampliar el rango de búsqueda desde 1997 a 2006, período en que no se ha indicado ninguna acción.
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Tras solicitud de Abogados Pro Bono, Ministerio de Salud informa sobre portadores con Hepatitis C
Publicado el Viernes, 8 de Enero de 2010 por Fundación Pro Bono.
El organismo estatal respondió que sólo 353 de los 1.400 pacientes han sido notificados e incorporados al programa de control de la enfermedad hasta septiembre de 2009.
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Juan Pablo Olmedo y su trabajo pro transparencia
Publicado el Jueves, 30 de Julio de 2009 por Fundación Pro Bono.
La Transparencia es Posible
El impulsor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y cofundador de Fundación Pro Bono, Juan Pablo Olmedo, posee más de 15 años de desarrollo profesional como abogado de interés público en áreas vinculadas a la gobernabilidad democrática, el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos en Chile y la región. Incluso su trabajo recientemente fue destacado en el diario La Nación de Argentina.
Hace un año saber cuánto ganaba la presidenta o alguno de sus ministros era impensado. Sin embargo desde el 20 de abril pasado ya no se podrá especular el sueldo de los funcionarios públicos, ya que la información está a la vista del que quiera consultarlo en las respectivas páginas web de las instituciones del Estado. Todo gracias a la lucha iniciada por Juan Pablo Olmedo, ex director ejecutivo, cofundador, miembro del directorio y actual consejero de Fundación Pro Bono, quien ganó en 2006 un juicio contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Marcel Claude Reyes por Acceso a Información Pública, cuando en 1998 intentaba obtener información de las inversiones de Forestal Trillium que fue rechazada por la justicia chilena. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del Estado de Chile y le solicitó adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a la información pública. Una resolución que tuvo amplias repercusiones y obligó a Chile a modificar sus normas en esta área.
Tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el abogado de la Pontificia Universidad Católica y Magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Essex, Inglaterra, participó en el grupo de apoyo técnico legislativo al Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Luego, en octubre del 2008, fue designado por la Presidenta de la República, y ratificado por el Senado, como consejero del Consejo para la Transparencia, asumiendo el cargo por un período de tres años. En su primera sesión, el Consejo lo eligió como presidente de la entidad, mandato que sostendrá por 18 meses hasta mayo de 2010.
En su actividad profesional previa, Olmedo fue socio fundador del estudio jurídico Colombara & Olmedo, donde se desempeñó desde 2000 a 2008. En forma paralela, colaboró activamente en la creación de Fundación Pro Bono, que promueve el compromiso social de la Abogacía, siendo su Director Ejecutivo entre el 2000 y el 2002, pasando luego a integrar su Consejo Consultivo. También participó en la creación de Fundación Pro Acceso -que protege el derecho al acceso a la información pública-, siendo su presidente entre 2004 y 2008.
Siempre activo en los temas de interés social, Olmedo posee más de 15 años de desarrollo profesional como abogado de interés público en áreas vinculadas a la gobernabilidad democrática, el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos en Chile y la Región. Entre los reconocimientos obtenidos por este abogado están ser becario del British Council (1994-1995) para realizar estudios de post grado en el Reino Unido, y ser nombrado Líder Avina 2004, iniciativa regional destinada a vincular y apoyar a líderes sociales y empresarios en Latinoamérica y la Península Ibérica.
La nueva ley
La ley de acceso no sólo permite que los chilenos conozcan los sueldos de sus autoridades, sino que también establece que todos los organismos dependientes del Estado deben asegurar a quien lo demande información relacionada con las distribuciones estatales.
Es decir que los ciudadanos pueden acceder, además de las remuneraciones, a los tipos de contrato y los beneficios de los empleados estatales, detalles de las adquisiciones, servicios y bienes públicos.
Cada persona puede pedir información a la entidad que lo requiera, estando ella obligada a hacerlo en un plazo de 20 días hábiles, que es el principio de Transparencia Pasiva. Además internet cumple un rol importante en el nuevo acceso a la información pública, ya que esta nueva ley impone que las municipalidades y organismos estatales deben actualizar su sitio web al menos una vez al mes con su personal de planta con sus remuneraciones, contrataciones para el suministro de bienes, servicios, estudios y asesorías. También las transferencias de fondos públicos, además del presupuesto asignado, su ejecución y el resultado de las auditorías al presupuesto (Transparencia Activa).
Los principios de la Ley Nº 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, según la Biblioteca del Congreso Nacional, son: la transparencia de la función pública; el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado; los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo; y las excepciones a la publicidad de la información.
