En la ocasión, además de la presencia de las organizaciones, participaron representantes de distintos ámbitos de la sociedad, quienes se dieron cita en una ceremonia a la que asistieron autoridades regionales encabezadas por la Seremi de Desarrollo Social Claudia Hurtado, además de la destacada filósofa nacional Carolina Dell’ Oro, quien realizó un emotivo discurso explicando la importancia de la solidaridad en la sociedad.

Con este compromiso, todo comenzará a mejorar para estas quince agrupaciones, que además se convirtieron en las primeras a nivel regional en unirse a una red de apoyo de esta envergadura, puesto que la primera nació hace 5 años en Santiago.
Las suscritas en Concepción son: Aldeas Infantiles SOS, Fundación Pro Bono, Hogar Bernardita Serrano, Fundación para la Superación de la Pobreza, Fundación Las Rosas, Conin, Trabajo para un Hermano, María Ayuda, Banigualdad, Acción Emprendedora, Chile Unido, Sociedad de San Vicente de Paul, Fundación Trascender, Coanil, y World Vision.

En la actividad, realizada en enero de 2012, se presentó al nuevo presidente del directorio de Iniciativa Pro Bono Concepción, Jean Pierre Latsague Lightwood, abogado del Estudio Jurídico “Sandoval & Latsague” y Magíster en Derecho de la Empresa de la Universidad del Desarrollo desde el año 2001. Ocupará el cargo en reemplazo del Abogado Mario Rojas Sepúlveda del Estudio Álvarez, Caro, Rojas & Torres - Abogados.

Asimismo, asumió como directora de la Iniciativa Pro Bono en Concepción, la Abogada Riola Solano Guzmán, del Estudio Jurídico Schultz & Solano.

Además, se incorporaron nuevos estudios jurídicos como miembros activos de Pro Bono en Concepción, ellos son: Cruz, Muñoz Abogados; Schultz & Solano; Bustos Rivas y el Abogado particular, Cristián Pérez Suazo.

En la oportunidad también se realizó el lanzamiento de la primera revista de Iniciativa Pro Bono Concepción que resumió el trabajo que se efectuó el 2011.

Del mismo modo, se reconoció al abogado con más horas pro bono, al Señor Cristián Pérez Suazo y se destacó al caso emblemático del año 2011, que fue tramitado por el estudio “Espinoza & Tapia”.

Finalmente, como una manera de incentivar a los estudiantes de derecho de las diversas Universidades que colaboran con esta iniciativa, se reconoció a los estudiantes voluntarios que cursaron una pasantía en la Fundación, ellos son Joaquín Mullers, de la Universidad del Desarrollo y Fabiola Galarce de la Universidad Católica de Santísima Concepción.

Es el legislador quien en primer término ha sido investido por la Constitución de la potestad para regular determinadas actividades económicas, no pudiendo quedar éstas entregadas bajo ningún concepto al ámbito de la instrucción administrativa…”

No es difícil encontrarse en la práctica profesional con documentos emitidos por las distintas entidades públicas, que establezcan ciertas condiciones, requisitos o formalidades para realizar una determinada actuación u actividad. No es menos frecuente, que tales instrumentos sean obedecidos sin cuestionar su naturaleza jurídica o juridicidad. Sin embargo, no debe olvidarse que en Chile, es el legislador quien en primer término ha sido investido por la Constitución de la potestad para regular determinadas actividades económicas, no pudiendo quedar éstas entregadas bajo ningún concepto al ámbito de la instrucción administrativa.

Lo señalado, no es más que la aplicación del principio de reserva legal, (artículo 63 N° 2 en relación con el 19° 21 y 32 N°6 de la Constitución). Cabe plantearnos entonces, ¿qué son los instructivos de la Administración Pública? Al respecto, debe precisarse que la naturaleza jurídica de éstos en nuestro ordenamiento jurídico, no es un tema que se encuentre plenamente zanjado. En efecto, ni la Ley de Bases Generales de la Administración ni la Ley de Procedimiento Administrativo hacen mención a ellos, tampoco es fácil encontrar referencias a ellos a nivel jurisprudencial, salvo quizás, por lo señalado en sus dictámenes por la Contraloría General de la República.

Por de pronto entonces, debe indicarse que los instructivos —como manifestación del actuar de los órganos públicos— importan decisiones formales de la autoridad sectorial tendiente a uniformar el actuar de los órganos o servicios integrantes de la propia Administración o, como señala el profesor Jorge Precht, son “Normas… preponderantemente técnicas, de buena administración, que persiguen la fijación de objetivos, condiciones y criterios generales de actuación…” (En Revista Chilena de Derecho [1989] Vol. 16, p. 467).

Ahora bien, ¿constituyen estos documentos un instrumento normativo válido para regular una determinada actividad económica?
Resulta claro que no puede pretenderse por este conducto, abordar ámbitos propios de la ley o del reglamento, ni aún procurar dar respuesta al silencio de la norma legal. Sin embargo y, atendido que condicionan la aplicación que las entidades públicas dan a una determinada norma legal, es vital el respeto que deben tener y la estricta sujeción que deben observar al principio de juridicidad (artículos 6 y 7 de la Constitución).

Tanto es así, que la jurisprudencia emanada de la Contraloría General de la República ha reconocido la necesaria sujeción que debe tener un instructivo tanto al ejercicio de la potestad reglamentaria, como por cierto, al ámbito de la ley, llegando incluso a sostener que la ausencia de regulación de una determinada materia no habilitan al instructivo para integrar dicho vacío, en atención entre otras razones, a su inferior jerarquía respecto al Reglamento (entre otros, los Dictámenes N° 15448 de 1998, 21960 y 40853 ambos del 2000).

Teniendo en vista lo último, y sin ánimo de extender innecesariamente la presente columna, debe hacerse mención a dos sectores en que este tipo de actos tiene gran preponderancia: el sector eléctrico y el mercado de los derechos de aprovechamiento de aguas. Dicha importancia proviene naturalmente del nivel de complejidad de tales áreas, que requieren de normas que disciplinen con la suficiente flexibilidad mercados esencialmente técnicos y cambiantes.

En el caso del mercado eléctrico, nuestro legislador estableció un organismo técnico denominado Superintendencia de Electricidad y Combustible (“SEC”), el que dentro de las atribuciones cuenta con la siguiente: “Aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones legales y reglamentarias cuyo cumplimiento le corresponde vigilar, e impartir instrucciones de carácter general a las empresas y entidades sujetas a su fiscalización.” (Artículo 3° N° 4 de la Ley 18.410).
Mientras que en materia de aguas el legislador estableció la creación de la Dirección General de Aguas (“DGA”), la que dentro de sus atribuciones puede: “Dictar normas e instrucciones internas que sean necesarias para la correcta aplicación de las leyes y de los reglamentos que sean de competencia de la Dirección a su cargo” (artículo 300 letra a del Código de Aguas).

A partir de las normas recién citadas, la SEC y la DGA han justificado el ejercicio de su potestad normativa a través de instructivos y manuales, violentando en muchos casos, las mencionadas garantías constitucionales. Sin importar la técnica legislativa o el lenguaje que el legislador haya utilizado, no es admisible que por medio de una ley orgánica de un servicio o lo establecido por un Código, que consagren la facultad de dictar instrucciones de carácter general a las empresas y entidades sujetas a su fiscalización, se pretenda desvirtuar la naturaleza jurídica y el objetivo de un instructivo, los que de acuerdo a lo ya señalado son normas de jerarquía inferior a un reglamento y cuyo objeto se limita a fijar dentro de un organismo público la forma en que se aplicará una determinada norma (normas ad intra).

Así, a modo de ejemplo, basta recordar el caso del tan cuestionado Manual para la Administración de los Recursos Hídricos de la DGA o la resolución de la misma entidad que regula los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, documentos que los particulares deben consultar en forma obligatoria ya que de lo contrario no tendrán éxito en sus solicitudes. Lo que ha ocurrido en definitiva, es que hoy en día, este instructivo —cuya fuerza obligatoria es sólo para los funcionarios de la DGA— ha adquirido tal relevancia que todos se sujetan a él sin cuestionar su legalidad, en desmedro del Código de Aguas.

En consecuencia, la reserva legal y el respeto a la juridicidad son instituciones fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico, debiendo ser respetadas sin excepciones. Por ello, parece una tarea imperativa para todo abogado —en resguardo de los intereses de sus clientes y de la justicia— cuestionar la legitimidad de este tipo de actos y para el legislador un reto asumir el papel que le corresponde y le es propio por expreso mandato constitucional.

Fuente: El Mercurio Legal

Crédito: Gentileza PYPB

Fuente:  Pulso, Bufete Legal, 07 de mayo de 2012, pág. 24.

Fuente: El Sur de Concepción, Sociedad, 04 de mayo de 2012, pág. 16.

La primera charla tuvo lugar en la Gobernación de Melipilla, en la que Claudia Veloso, abogada del estudio jurídico Bofill Mir & Álvarez Jana, abordó diversos aspectos del “Derecho de Familia”.

A la actividad asistieron adultos mayores interesados en temáticas como pensión de alimentos, régimen de visitas, divorcio, bienes familiares, entre otros.

A la segunda charla, realizada también en la Gobernación de Melipilla, asistieron más de 60 personas interesadas en conocer temas de arriendo, precario y usufructo. En la oportunidad se presentaron Marcela Fajardo y Eva Méndez de Fundación Pro Bono.

El convenio de colaboración, además, asesoría legal directa a adultos mayores que han sido vulnerados en sus derechos con el fin de promover el acceso a la justicia de este grupo etario.

Charla 27 de abril de 2012

Charla 08 de mayo de 2012

En la instancia se discutirá el carácter público o privado de la información contenida en e-mails intercambiados entre la autoridad y la gobernadora de Melipilla.

M.J. Soler

Este jueves se analizará en el Tribunal Constitucional el requerimiento de inaplicabilidad presentado por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en la disputa judicial por refutar un dictamen del Consejo para la Transparencia que lo obliga a revelar el contenido de una serie de correos intercambiados con la gobernadora de Melipilla, Paula Gárate.

En 2011, el alcalde de esa comuna, Mario Gebauer (PPD), solicitó a través de la Ley de Transparencia acceder a la información referida a la devolución de dineros de la reconstrucción de la ciudad, luego del terremoto del 27 de febrero de 2010, contenida en los correos electrónicos enviados por Ubilla.

Luego de un dictamen favorable del Consejo para la Transparencia respecto de ese requerimiento, y de que la Corte de Apelaciones rechazara el reclamo de ilegalidad deducido por el subsecretario, éste recurrió al Tribunal Constitucional para impugnar por inconstitucionalidad el inciso 2° del artículo 5° de la Ley de Transparencia. Éste norma el acceso a la información pública, en específico “toda otra información que obre en poder de los Órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen , clasificación o procesamiento”.

Carácter público

La discusión que deberá zanjar el TC, según fuentes ligadas al caso, será el carácter público o privado de la información que fue requerida. El caso, según las mismas fuentes, marcará un precedente respeto a cómo se resuelvan en el futuro contiendas similares. Una de éstas es la que sostiene el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, quien, según un dictamen del Consejo, deberá hacer público el contenido de 350 correos. En este caso, la Corte de Apelaciones aún debe pronunciarse sobre un recurso de ilegalidad presentado por el secretario de Estado.

La estrategia de la parte que representa al alcalde de Melipilla en el caso de los correos de Ubilla se ha centrado en reafirmar el carácter público de la información de los correos. “Se trata de correos remitidos por autoridades de la República en materias que corresponden al ejercicio de sus funciones públicas. De ahí a que la información sea pública y que la ciudadanía pueda conocerla”, argumenta el abogado Juan Pablo Olmedo, representante de Mario Gebauer.

En un informe encargado por la Fundación Pro-Bono al Colegio de Abogados de Nueva York -y que será esgrimido por la defensa de Gebauer-, se analiza la legislación al respecto en ese estado, la que establece que “la divulgación pública de las comunicaciones del gobierno relacionadas con asuntos oficiales, ya sea estén en formato físico o electrónico (…) Es decir, es el contenido y no el formato de la comunicación lo que determina si será sujeta al acceso público”.

La Subsecretaría del Interior, en cambio, ha sostenido que los mensajes enviados a través de correos electrónicos no constituyen información pública ya que no sólo puede contener “informaciones sino además opiniones o juicios de valor”, según establece en la presentación del recurso.

Recuadro : ÚLTIMA INSTANCIA

Ubilla recurrió al TC luego de fallos adversos del Consejo para la Transparencia y la Corte de Apelaciones.

Fuente: Radio Bío Bío, Chile, 30 de abril de 2012.