Abogadas asumen caso en Proyecto Inocentes

Elizabeth Mendoza y Luis Ojeda en 2015 fueron acusados erróneamente de haber asaltado la botillería “Don Pato” en Valdivia, delito por el cual pasaron 78 días en prisión preventiva y tuvieron 1 año de arresto domiciliario.

El hecho ocurrió la madrugada del 22 de septiembre. “Yo trabajaba en la botillería de mi papá y como andaba siempre con plata hablamos con un joven que hacía carreras de taxi pirata para que nos traslade a la casa todas las noches. Ese día nos pasó a buscar y casi al llegar a mi casa nos interceptó un vehículo de Carabineros”, contó Elizabeth al diario Austral. Esa noche ellos portaban cerca de 800 mil pesos producto de ventas, lo cual fue asociado al robo. “Sin informarnos motivos nos llevaron  la Comisaría y al llegar estaba la persona que había sido asaltada. Al vernos dice que no éramos nosotros pero luego le mencionan el tema de la plata que andábamos trayendo, cambió su versión y nos reconoció como los asaltantes”, agrega Luis al medio.

La persona asaltada había relatado anteriormente que la mujer involucrada en el robo con una mano empuñaba la pistola y con la otra mano retiraba el dinero de la caja. Sin embargo, Elizabeth tiene una evidente acondroplasia en ambas manos, una alteración ósea de origen cromosómico en el que todos los huesos largos están acortados simétricamente provocando así un crecimiento disarmónico del cuerpo.

Al mismo tiempo, durante el control de detención, el taxista que los trasladó los exculpó del delito y admitió haber realizado una carrera con otras personas anteriormente.

“A nosotros no nos dejaron declarar” comenta Luis. “Fue una situación muy frustrante para nosotros y nuestras familias porque pudimos recibir una condena de hasta 15 años”.

 

Consecuencias de un error

Durante el período en que estuvo privada de libertad Elizabeth vio fuertemente afectada su salud. “En la prisión mi vista se vio dañada porque tengo ulcera corneal, fotofobia y un lagrimal obstruido y no pude ingresar los medicamentos. Fue muy complicado. Yo no puedo estar expuesta al sol y el patio no tiene sombras” cuenta.  Asimismo, su familia debió enfrentar las consecuencias de su privación de libertad. Fue tal la condena social que el negocio de su papá, una botillería de muchos años, quebró. Por otro lado, su hijo pequeño adquirió soriasis, una reacción alérgica nerviosa. Por otro lado, su marido Daniel debió comenzar a trabajar doble turno para poder proveerle dinero y pagar costos del colegio de su hijo y se vio obligado a dejar el proceso de postulación a Gendarmería.

Luego de apelar en varias ocasiones, recién en el 2016 fueron revocadas las medidas cautelares y en agosto de 2018 Luis y Elizabeth fueron absueltos. “La justicia no hizo bien su trabajo” dice Luis, quien explica cómo le ha afectado lo vivido hasta el día de hoy, por ejemplo en el plano laboral. “Es difícil. Hay gente que es muy dura de cabeza y te dicen que uno salió solo por falta de prueba, no porque sea inocente”.

Los verdaderos culpables del asalto quedaron con la medida cautelar de firma quincenal.

 

Intervención pro bono

Por su alianza con la Defensoría Penal Pública el caso llegó a la fundación, la cual lo derivó a su red de miembros siendo asumido por las abogadas Bernardita Valdés y Francisca Silva del estudio Valdés & Asociados, quienes asesorarán a Luis y Elizabeth en la arista civil para exigir una indemnización del Estado.

 

Hablamos con la abogada Bernadita Valdés para conocer su visión de este caso.

¿Qué te motivó a tomar el caso de Elizabeth y Luis? Este tipo de casos son los que mayormente motivan mi ejercicio profesional. Representan un claro caso de injusticia e inequidad que requiere de una reparación y una atención profesional de excelencia, con dedicación y preocupación por las víctimas.

¿Dónde están centrados los errores que llevaron a que Luis y Elizabeth fueran injustamente puestos en prisión preventiva?  Creo que fue una serie de errores que culminaron en esta tragedia. Uno de ellos la falta de análisis de los medios probatorios por parte de todos los intervinientes. Otro, la falta de celeridad en el proceso que permitió que estuvieran tanto tiempo con medidas cautelares de grave restricción de derechos. Y por último creo que la falta de recursos de los entes públicos, tanto el persecutor como la defensoría.

¿Qué está fallando del sistema? Creo que existe mucha inequidad entre aquellos casos en que interviene una asesoría privada de los que no la hay. El sistema está muy colapsado y eso impide un análisis serio y profundo del caso a caso por parte de las instituciones públicas, tanto Ministerio Público como Defensoría.

¿Por qué en este caso se debe exigir una indemnización del Estado? La indemnización es una reparación mínima que merecen nuestros clientes por todo el daño sufrido en virtud de una investigación y una defensa deficientes, y el Estado debe hacerse responsable por ello. Lamentablemente esto solo reparará en parte el perjuicio ocasionado, pues el mayor daño es el tiempo perdido, la experiencia vivida y la injusticia.