Opinión

Cambios a la Ley de Quiebras

Durante esta crisis económica hubo empresas que ciertamente no debieron quebrar. Varias de ellas podrían haber logrado su continuidad por la vía de aprobar un convenio judicial preventivo de reprogramación de sus deudas.

Sin duda, para lograr un mayor incentivo a la presentación de convenios judiciales, es necesario introducir ciertas modificaciones a la Ley de Quiebras que permitan otorgar el beneficio de la recuperación del IVA soportado por los acreedores valistas por venta de bienes o servicios facturados a la empresa deudora. Hoy, lo que ocurre es que los proveedores prefieren votar la declaración de quiebra de la empresa que apoyar un convenio ya que con la quiebra tienen asegurado, al menos, la recuperación de ese 19%.

Asimismo, es necesario permitir a las empresas, a través de una reforma legal, reprogramar a largo plazo las deudas por concepto de impuestos que mantengan con el Fisco.

Las últimas modificaciones efectuadas a la Ley de Quiebras han permitido mejorar el funcionamiento de los síndicos en cuanto a su idoneidad y transparencia en lo referido a sus honorarios, pero es necesario reforzar su labor en cuanto a ser verdaderos generadores de valor económico de las empresas que administran.

En el último tiempo se han declarado varias quiebras de empresas que han sido preparadas previamente por la vía de traspasar los principales activos a terceros, generando “empresas espejo” que se transforman en verdaderas continuadoras de la actividad económica con otro nombre de fantasía, pero manejadas por los mismos dueños, quienes solicitan su propia quiebra por medio de sociedades relacionadas que designan al síndico tratando, de esa forma, de manejar el proceso y los riesgos de calificación por quiebra culpable o fraudulenta.

En consecuencia, a fin de evitar estas conductas, es necesario introducir modificaciones legales que sancionen drásticamente a todos aquellos que, aprovechándose de la normativa de quiebras, efectúen actos fraudulentos en perjuicio de sus acreedores, quienes en la práctica se ven gravemente afectados en sus intereses al no poder obtener el pago de sus créditos.

Esteban García Nadal
Socio de García Magliona & Cía. y miembro Fundación Pro Bono