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Juan Pablo Olmedo y su trabajo pro transparencia

La Transparencia es Posible

El impulsor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y cofundador de Fundación Pro Bono, Juan Pablo Olmedo, posee más de 15 años de desarrollo profesional como abogado de interés público en áreas vinculadas a la gobernabilidad democrática, el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos en Chile y la región. Incluso su trabajo recientemente fue destacado en el diario La Nación de Argentina.

Hace un año saber cuánto ganaba la presidenta o alguno de sus ministros era impensado. Sin embargo desde el 20 de abril pasado ya no se podrá especular el sueldo de los funcionarios públicos, ya que la información está a la vista del que quiera consultarlo en las respectivas páginas web de las instituciones del Estado. Todo gracias a la lucha iniciada por Juan Pablo Olmedo, ex director ejecutivo, cofundador, miembro del directorio y actual consejero de Fundación Pro Bono, quien ganó en 2006 un juicio contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Marcel Claude Reyes por Acceso a Información Pública, cuando en 1998 intentaba obtener información de las inversiones de Forestal Trillium que fue rechazada por la justicia chilena. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del Estado de Chile y le solicitó adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a la información pública. Una resolución que tuvo amplias repercusiones y obligó a Chile a modificar sus normas en esta área.

Tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el abogado de la Pontificia Universidad Católica y Magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Essex, Inglaterra, participó en el grupo de apoyo técnico legislativo al Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Luego, en octubre del 2008, fue designado por la Presidenta de la República, y ratificado por el Senado, como consejero del Consejo para la Transparencia, asumiendo el cargo por un período de tres años. En su primera sesión, el Consejo lo eligió como presidente de la entidad, mandato que sostendrá por 18 meses hasta mayo de 2010.

En su actividad profesional previa, Olmedo fue socio fundador del estudio jurídico Colombara & Olmedo, donde se desempeñó desde 2000 a 2008. En forma paralela, colaboró activamente en la creación de Fundación Pro Bono, que promueve el compromiso social de la Abogacía, siendo su Director Ejecutivo entre el 2000 y el 2002, pasando luego a integrar su Consejo Consultivo. También participó en la creación de Fundación Pro Acceso -que protege el derecho al acceso a la información pública-, siendo su presidente entre 2004 y 2008.

Siempre activo en los temas de interés social, Olmedo posee más de 15 años de desarrollo profesional como abogado de interés público en áreas vinculadas a la gobernabilidad democrática, el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos en Chile y la Región. Entre los reconocimientos obtenidos por este abogado están ser becario del British Council (1994-1995) para realizar estudios de post grado en el Reino Unido, y ser nombrado Líder Avina 2004, iniciativa regional destinada a vincular y apoyar a líderes sociales y empresarios en Latinoamérica y la Península Ibérica.

La nueva ley

La ley de acceso no sólo permite que los chilenos conozcan los sueldos de sus autoridades, sino que también establece que todos los organismos dependientes del Estado deben asegurar a quien lo demande información relacionada con las distribuciones estatales.

Es decir que los ciudadanos pueden acceder, además de las remuneraciones, a los tipos de contrato y los beneficios de los empleados estatales, detalles de las adquisiciones, servicios y bienes públicos.
Cada persona puede pedir información a la entidad que lo requiera, estando ella obligada a hacerlo en un plazo de 20 días hábiles, que es el principio de Transparencia Pasiva. Además internet cumple un rol importante en el nuevo acceso a la información pública, ya que esta nueva ley impone que las municipalidades y organismos estatales deben actualizar su sitio web al menos una vez al mes con su personal de planta con sus remuneraciones, contrataciones para el suministro de bienes, servicios, estudios y asesorías. También las transferencias de fondos públicos, además del presupuesto asignado, su ejecución y el resultado de las auditorías al presupuesto (Transparencia Activa).
Los principios de la Ley Nº 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, según la Biblioteca del Congreso Nacional, son: la transparencia de la función pública; el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado; los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo; y las excepciones a la publicidad de la información.