Juan Pablo Olmedo y su trabajo pro transparencia
Publicado el Jueves, 30 de Julio de 2009 por Fundación Pro Bono.
La Transparencia es Posible
El impulsor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y cofundador de Fundación Pro Bono, Juan Pablo Olmedo, posee más de 15 años de desarrollo profesional como abogado de interés público en áreas vinculadas a la gobernabilidad democrática, el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos en Chile y la región. Incluso su trabajo recientemente fue destacado en el diario La Nación de Argentina.
Hace un año saber cuánto ganaba la presidenta o alguno de sus ministros era impensado. Sin embargo desde el 20 de abril pasado ya no se podrá especular el sueldo de los funcionarios públicos, ya que la información está a la vista del que quiera consultarlo en las respectivas páginas web de las instituciones del Estado. Todo gracias a la lucha iniciada por Juan Pablo Olmedo, ex director ejecutivo, cofundador, miembro del directorio y actual consejero de Fundación Pro Bono, quien ganó en 2006 un juicio contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Marcel Claude Reyes por Acceso a Información Pública, cuando en 1998 intentaba obtener información de las inversiones de Forestal Trillium que fue rechazada por la justicia chilena. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del Estado de Chile y le solicitó adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a la información pública. Una resolución que tuvo amplias repercusiones y obligó a Chile a modificar sus normas en esta área.
Tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el abogado de la Pontificia Universidad Católica y Magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Essex, Inglaterra, participó en el grupo de apoyo técnico legislativo al Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Luego, en octubre del 2008, fue designado por la Presidenta de la República, y ratificado por el Senado, como consejero del Consejo para la Transparencia, asumiendo el cargo por un período de tres años. En su primera sesión, el Consejo lo eligió como presidente de la entidad, mandato que sostendrá por 18 meses hasta mayo de 2010.
En su actividad profesional previa, Olmedo fue socio fundador del estudio jurídico Colombara & Olmedo, donde se desempeñó desde 2000 a 2008. En forma paralela, colaboró activamente en la creación de Fundación Pro Bono, que promueve el compromiso social de la Abogacía, siendo su Director Ejecutivo entre el 2000 y el 2002, pasando luego a integrar su Consejo Consultivo. También participó en la creación de Fundación Pro Acceso -que protege el derecho al acceso a la información pública-, siendo su presidente entre 2004 y 2008.
Siempre activo en los temas de interés social, Olmedo posee más de 15 años de desarrollo profesional como abogado de interés público en áreas vinculadas a la gobernabilidad democrática, el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos en Chile y la Región. Entre los reconocimientos obtenidos por este abogado están ser becario del British Council (1994-1995) para realizar estudios de post grado en el Reino Unido, y ser nombrado Líder Avina 2004, iniciativa regional destinada a vincular y apoyar a líderes sociales y empresarios en Latinoamérica y la Península Ibérica.
La nueva ley
La ley de acceso no sólo permite que los chilenos conozcan los sueldos de sus autoridades, sino que también establece que todos los organismos dependientes del Estado deben asegurar a quien lo demande información relacionada con las distribuciones estatales.
Es decir que los ciudadanos pueden acceder, además de las remuneraciones, a los tipos de contrato y los beneficios de los empleados estatales, detalles de las adquisiciones, servicios y bienes públicos.
Cada persona puede pedir información a la entidad que lo requiera, estando ella obligada a hacerlo en un plazo de 20 días hábiles, que es el principio de Transparencia Pasiva. Además internet cumple un rol importante en el nuevo acceso a la información pública, ya que esta nueva ley impone que las municipalidades y organismos estatales deben actualizar su sitio web al menos una vez al mes con su personal de planta con sus remuneraciones, contrataciones para el suministro de bienes, servicios, estudios y asesorías. También las transferencias de fondos públicos, además del presupuesto asignado, su ejecución y el resultado de las auditorías al presupuesto (Transparencia Activa).
Los principios de la Ley Nº 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, según la Biblioteca del Congreso Nacional, son: la transparencia de la función pública; el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado; los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo; y las excepciones a la publicidad de la información.
Fundación Pro Bono y el desarrollo de Pro Bono en América Latina en revista Marca Sur
Publicado el Jueves, 30 de Julio de 2009 por Fundación Pro Bono.
La directora ejecutiva de Fundación Pro Bono, Marcela Fajardo, fue entrevistada para la revista uruguaya Marca Sur, que desde el año 2000 es el primer sitio web dedicado a informar lo sucedido en América Latina con relación a la Propiedad Industrial e Intelectual.
Marcela Fajardo, junto a expertos del trabajo Pro Bono de Brasil, México y Argentina, entre otros países, fue citada como ejemplo del desarrollo del trabajo pro bono en la región.
Para leer la nota completa, se puede descargar el reportaje desde aquí.
Bofill Mir & Álvarez Hinzpeter Jana Abogados en publicación del Cyrus R. Vance Center for International Justice
Publicado el Jueves, 30 de Julio de 2009 por Fundación Pro Bono.
En la segunda edición de Proyectando el Trabajo Pro Bono, publicación del Cyrus R. Vance Center for International Justice, se presentó el trabajo desarrollado en esta área por el estudio Bofill Mir & Alvarez Hinzpeter Jana Abogados. La oficina de abogados, tras una invitación de la Fundación Pro Bono, se hizo cargo de la defensa de 200 familias de escasos recursos de la comuna de Padre Hurtado, que se encontraban amenazadas de perder su hogar.
El caso surgió después de que dos juntas de vecinos de Padre Hurtado compraron un terreno, a una empresa inmobiliaria, para que sus familias construyeran sus viviendas. El problema que enfrentaron los vecinos es que la inmobiliaria no había pagado los impuestos correspondientes, por lo que la Tesorería General de la República embargó el terreno y procedió a tramitar su remate.
Las familias ya habían empezado la construcción, por lo que en el caso de concretarse la subasta perderían el dinero y las obras ya efectuadas. Gracias al trabajo de los profesionales de Bofill Mir & Álvarez Hinzpeter Jana Abogados se logró suspender el remate.
El Cyrus R. Vance Center
En el Cyrus R. Vance Center for International Justice, abogados de la ciudad de Nueva York trabajan en importantes materias de interés público, tales como derechos humanos, acceso a la justicia y desarrollo económico fuera de Estados Unidos en marco de la Declaración de Trabajo Pro Bono para el Continente Americano (DPBA).
Lanzamiento Fundación Imagen de Chile y agradecimiento a abogados Pro Bono
Publicado el Miércoles, 29 de Julio de 2009 por Fundación Pro Bono.
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, lanzó oficialmente la Fundación Imagen de Chile en el Palacio de la Moneda, en un acto que contó con la participación del directorio del nuevo organismo, el que es encabezado por el canciller Mariano Fernández.
La Fundación Imagen de Chile, cuyo director ejecutivo es Juan Gabriel Valdés, durante su proceso de formación recibió una importante asesoría de abogados especialistas de Fundación Pro Bono.
Cinco estudios miembros de primer nivel aceptaron el desafío y colaborando con el Proyecto Chile – Imagen País. En una primera fase, el trabajo de los estudios se tradujo en la elaboración de una propuesta institucional que coordine el posicionamiento de Chile en el extranjero.
Las oficinas que elaboraron dicha propuesta son Alessandri & Cía., Álvarez Hinzpeter Jana, Carey y Cía., Colombara Olmedo Abogados, Guerrero, Olivos, Novoa, Errázuriz.
Los informes fueron presentados y comentados el 14 de mayo del año pasado, oportunidad en que representantes de cada estudio manifestaron su visión, constituyéndose una mesa de trabajo que dio el impulso inicial a la Fundación que finalmente se constituyó para promover a Chile en el mundo.
El director de Asuntos Institucionales de la Fundación Imagen de de Chile, Juan Pablo Glasinovic, agradeció el apoyo recibido de Fundación Pro Bono y el trabajo de todos los abogados que formaron parte del proceso.
Parte implementación de “Guía Pro Bono” en cinco estudios
Publicado el Miércoles, 29 de Julio de 2009 por Fundación Pro Bono.
Los estudios Carey y Cía., Barros & Errázuriz Abogados, Fiscalía BBVA, Grasty Quintana Majlis & Cía. y Guerrero, Olivos, Novoa & Errázuriz Abogados serán los primeros en implementar el manual al interior de sus oficinas para organizar el trabajo pro Bono.
Fundación Pro Bono en Economía y Negocios de El Mercurio
Publicado el Sábado, 25 de Julio de 2009 por Fundación Pro Bono.
Fuente: El Mercurio, 13 de agosto de 2009.
Derecho Real de Conservación: Innovación por el Medio Ambiente
Publicado el Miércoles, 1 de Julio de 2009 por Fundación Pro Bono.
Actualmente se discute en el Congreso Nacional un proyecto de ley que establece el derecho real de conservación (Boletín nº 5823-07). Esta propuesta representa un significativo avance en el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales en Chile, pues permite contar con una herramienta práctica y flexible para que las personas y organizaciones puedan desarrollar iniciativas de conservación o inclusive actividades económicas sustentables y, a la vez, gozar de protección legal.
En concreto, opera básicamente así: el dueño de un bien raíz (urbano o rural) decide voluntariamente destinarlo, ya sea totalmente o sólo en parte, a un propósito de conservación ambiental definido en la ley, para lo cual celebra un contrato con una entidad pública o privada que puede financiar, apoyar, ejecutar o monitorear el plan de manejo, estipulándose determinadas obligaciones o restricciones para las partes, las que regirán por un período prolongado de tiempo.
Por tanto, lo novedoso es que no se trata de una imposición de la autoridad ni del Estado. En todo caso, se contemplan diversas medidas que buscan cautelar el interés público que está comprometido en la protección del ambiente.
Esto constituye sin duda un cambio profundo en nuestro sistema jurídico y también en la cultura nacional, introduciendo un mecanismo especializado y moderno que estimule la colaboración entre el Estado y la sociedad civil, promoviendo una fuerte participación de esta última. Asimismo resulta plenamente compatible con el desarrollo económico y las actividades productivas, ya que se trata de una figura esencialmente adaptable.
Es sensato afirmar, entonces, que esta idea no sólo es buena y necesaria para Chile, sino que responde a un interés de carácter global. Además ayudará a que la comunidad mundial vea a nuestro país preocupado seriamente y a largo plazo de la naturaleza y de su patrimonio ambiental, con un liderazgo que repercutirá positivamente en nuestra imagen internacional.
Esperamos que este proyecto sea prontamente aprobado. Nosotros continuaremos trabajando y colaborando para que sea realidad.
